Detenciones en comisarías. Algunos números para entender el fenómeno
La cantidad de personas privadas de libertad en comisarías aumentó considerablemente en los últimos años. Diversos organismos de derechos humanos denunciaron que estos dispositivos de encierro no están aptos para detenciones prolongadas, y en muchos casos presentan condiciones inhumanas (CELS, CIDH, PPN) . Ello provoca una afectación directa a derechos de los detenidos que deberían estar garantizados durante la privación de libertad.
La información estadística sobre criminalidad y detenciones en comisarías es recolectada y procesada por la Dirección Nacional de Política Criminal a través del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP). Desde 2021, además, se implementa un instrumento de recolección de datos más detallado que permite conocer aspectos como género, edad, situación legal y delitos imputados, lo que facilita un análisis más profundo de las características y necesidades de esta población.
Siguiendo el gráfico 1, entre 2012 y 2024, la población alojada en comisarías pasó de 3.816 a 12.885 personas, mientras que la población penitenciaria en cárceles pasó de 61.192 a 120.700 en el mismo período (gráfico 1). Esto significa que, aunque en términos absolutos las cárceles siguen alojando a la mayoría de la población privada de libertad, el crecimiento relativo de los detenidos en comisarías fue mucho más acelerado, más del triple en 12 años. En 2012, los detenidos en comisarías representaban aproximadamente el 6% del total de la población privada de libertad, mientras que en 2024 esa proporción se incrementó al 10%. Este aumento refleja un cambio en la lógica de encierro, ya que las comisarías, diseñadas para detenciones breves, ahora albergan a más personas durante períodos prolongados.
Gráfico 1. Evolución de población privada de libertad según tipo de detención
Fuente: Relevamiento Nacional sobre Personas Detenidas en Comisarías o Destacamentos de Fuerzas de Seguridad. Dirección Nacional de Política Criminal.
La mayoría de los detenidos en comisarías registrados por SNEEP habían ingresado el mismo año que se realizó el censo. Sin embargo, algunos casos se extienden a años anteriores, lo que evidencia la prolongación de detenciones que deberían ser transitorias. Esta situación genera una presión constante sobre las condiciones materiales y humanas de las comisarías, que ya son insuficientes para alojar a la población actual. Además, la extensión de las estadías agrava los riesgos para la salud, la seguridad y el bienestar psicológico de los detenidos, incrementando la vulnerabilidad de esta población.
Gráfico 2. Detenidos en comisarías según tiempo de detención
Fuente: Relevamiento Nacional sobre Personas Detenidas en Comisarías o Destacamentos de Fuerzas de Seguridad. Dirección Nacional de Política Criminal
Finalmente, un dato alarmante que surge de los informes de la DNPC refleja el aumento progresivo de la proporción de personas condenadas que cumplen parte o la totalidad de su pena en comisarías. Esto indica que las autoridades judiciales y administrativas cada vez recurren más a estos espacios para la ejecución de penas, a pesar de que no cumplen con las condiciones mínimas requeridas por la ley. Las comisarías carecen de los dispositivos educativos, laborales, sanitarios y de personal capacitado que deberían tener los establecimientos penitenciarios durante la ejecución de la pena. Como resultado, la permanencia de personas condenadas en estos espacios aumenta el riesgo de vulneración de derechos y profundiza los problemas estructurales del sistema de detención.
Gráfico 3 . Proporción de condenados sobre el total de detenidos en comisarías
Fuente: Relevamiento Nacional sobre Personas Detenidas en Comisarías o Destacamentos de Fuerzas de Seguridad. Dirección Nacional de Política Criminal
En conclusión, el aumento sostenido de la población privada de libertad en comisarías, tanto de personas en proceso judicial como de condenados, evidencia un problema estructural del sistema de justicia y de gestión penitenciaria. Es urgente implementar políticas que reduzcan la saturación en comisarías, mejoren las condiciones de detención y aseguren que todos los detenidos puedan acceder a los servicios y derechos que les corresponden según la ley y los estándares internacionales.