Prisión y seguridad en El Salvador. Los riesgos de “pescar con red”

Por Luis Enrique Amaya

Consultor internacional e investigador

En 2015, El Salvador, el “Pulgarcito de América”, fue el país más violento del mundo, con una tasa de 106 homicidios por cada 100,000 habitantes, correspondiente a 6,656 homicidios violentos. En 2025, en cambio, según declaraciones oficiales, fue el país más seguro del hemisferio occidental, reportando una tasa de 1.3 homicidios (no hay error de dedo), que equivale a 82 homicidios violentos en el año. Asimismo, en opinión del ministro de Seguridad Pública y Justicia, los 82 casos de homicidio fueron resueltos, lo que significaría una ratio de resolución judicial del 100%.

Los datos son impresionantes. Sin embargo, es virtualmente imposible estudiar las cifras con rigor académico y contrastarlas por medio de evaluaciones externas e independientes, incluyendo sus factores causales, dado el alto grado de opacidad del gobierno central. En El Salvador, actualmente, hay una suerte de “veda de información pública”, que se ha ido ampliando a otros ámbitos de política pública.

Por años, los sucesivos gobiernos diseñaron e implementaron diversas estrategias de prevención y combate del delito, con distintos niveles de concreción operativa. No obstante, la reducción progresiva de 106 a 1.3 homicidios por 100,000 habitantes en un período de diez años se podría explicar, fundamentalmente, por dos controversiales acciones: 1) la incomunicación de las personas privadas de libertad, y 2) el encarcelamiento masivo y prolongado. Estos parecieran ser los elementos diferenciadores, por demás polémicos, respecto de la experiencia previa en el país.

En marzo de 2016, el gobierno de turno impulsó las llamadas “Medidas extraordinarias de seguridad” en el sistema penitenciario, que condujeron a una incomunicación total de los privados de libertad. Las medidas fueron criticadas por organizaciones nacionales e internacionales, argumentando que violaban los derechos de los internos (como prohibir las visitas de familiares y abogados defensores), pero eso no impidió que se convirtieran en disposiciones permanentes y continúen vigentes. Más adelante, en marzo de 2022, tras una negociación fallida con las principales pandillas (maras) y un fin de semana con 87 homicidios, el gobierno actual decretó la suspensión de garantías constitucionales, es decir, el régimen de excepción, que se ha extendido por más de cuatro años. Esto le permitió empezar a “pescar con red” y colectivizar la responsabilidad penal. Ahora, primero se captura, después se investiga y por último se juzga y encarcela (en ese orden), preferiblemente en grupo, en masa.

En general, el funcionamiento del sistema de justicia salvadoreño se ha apartado del principio de responsabilidad personal en materia penal. Ya ni siquiera se intenta “pescar con caña”, que implica un esfuerzo de investigación (primero), captura (segundo) y enjuiciamiento (tercero) orientado a probar la participación de cada individuo en unos hechos específicos, incluso en casos de delitos cometidos por grupos. Esto es lo usual y aceptado legalmente.

Como resultado, según el World Prison Brief, El Salvador registra la tasa de encarcelamiento más alta del planeta, que asciende a más de 1,600 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes, con un estimado de alrededor del 2% de la población adulta en prisión. En el ranking mundial de la tasa de encarcelamiento, al país le siguen de lejos Cuba (794), Ruanda (620), Turkmenistán (576) y Estados Unidos (542).

Las autoridades reportan la detención de más de 91,000 personas solo en lo que va del régimen de excepción y, al mismo tiempo, reconocen haber capturado y liberado a 8,000 inocentes en plazos variables, lo que equivaldría a un error del 8.8%, sin derecho a resarcimiento de daños o compensación alguna (los ensayos clínicos para probar la efectividad de medicamentos suelen admitir márgenes de error no mayores a 5%). Como consecuencia, se celebran juicios grupales de 400 o 500 personas a la vez. Todo ello, sin contar las denuncias de violaciones a derechos humanos, de torturas y de muertes dentro de las cárceles. Y, nuevamente, es imposible verificar estos números con certeza, pudiendo ser superiores.

Aun así, de acuerdo con el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, una de las casas encuestadoras más importantes del país, la población le otorgó una nota de 8.33 sobre 10 al gobierno a finales de 2025. Además, la victimización está en un mínimo de 4.7% y las instituciones o los actores sociales con mayor confianza ciudadana son cuatro, a saber: presidente (77%), gobierno central (69.6%), Fuerza Armada (69.1%) y Policía Nacional Civil (68.2%).

Luces y sombras. Costos y beneficios. Medios y fines. No es fácil confirmar o refutar tajantemente que la estrategia de seguridad salvadoreña sea costo-efectiva. Ahora bien, quien desee adoptarla, junto con sus promesas de solución, debe considerar sus facetas problemáticas, para saber en lo que se mete. En El Salvador, la innegable reducción de la criminalidad y la sensible mejora de la percepción de seguridad han estado acompañadas de la falta de acceso a información pública, la reserva de los procesos judiciales realizados en el régimen de excepción, el exilio de periodistas (53) y defensores de derechos humanos (más de 100), los casos de persecución política (⁠245) y los presos políticos (86), entre otros costos examinados por instituciones de sociedad civil y tanques de pensamiento.

En la “red de pesca” han caído miles de criminales, pero también cientos de campesinos, líderes comunitarios, sindicalistas y ambientalistas, y muchos fueron capturados por su forma de vestir, por nerviosismo al momento de la detención o para cumplir cuotas entre policías y militares. Los rostros de estas personas no saldrán en los videos propagandísticos del gobierno. Y, otra vez, no será posible corroborar las cifras oficiales o las condiciones de vida en la cárcel. Es peligroso cuando la fe exige ceguera.

En definitiva, la política de seguridad del “Pulgarcito de América” supone un viraje institucional que no solo tensiona garantías procesales, sino que requiere una reconfiguración de la arquitectura del Estado. La división de poderes se sustituyó por la “sinergia de poderes”, cuyo punto de quiebre fue la destitución del fiscal general y los magistrados constitucionales por parte de los diputados oficialistas que dominan la Asamblea Legislativa.

Con todo, desde una perspectiva técnica, este caso nos obliga a repensar lo que hemos creído saber de las oportunidades y amenazas de la concentración del poder político, de la eficacia y sostenibilidad de las estrategias basadas en la aplicación de la ley y de mano dura, del rol clave de las prisiones en el desarrollo de la delincuencia y de la operatividad de grupos similares a las desarticuladas pandillas (maras) en El Salvador. En palabras de Voltaire: “La duda no es una condición agradable, pero la certeza es absurda”.