Violencia institucional. ¿Qué dicen los registros oficiales?
La violencia institucional (VI) es una problemática compleja que no siempre resulta fácil de definir ni de identificar. En general, refiere a prácticas ejercidas directa o indirectamente por agentes del Estado que vulneran derechos fundamentales de las personas e incluye un conjunto amplio de prácticas tales como los malos tratos y la violencia física, condiciones indignas de detención, violencia psicológica y dificultades en el acceso a derechos básicos. Al tratarse de violencia ejercida por el propio Estado, la producción de información oficial sobre este fenómeno presenta importantes dificultades. Gran parte de los casos no se denuncian por miedo, desconfianza en las instituciones o por la naturalización de ciertas prácticas violentas. Además, los registros existentes suelen ser fragmentarios y construidos con criterios diferentes, lo que dificulta contar con estadísticas homogéneas y comparables.
En este apartado se presentan dos fuentes de información judicial. Por un lado, se analizan los casos relevados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Área contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa (MPD - CABA). Por otro, se examinan las denuncias registradas en la provincia de Buenos Aires por el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (MPBA).
En CABA, entre 2021 y 2025, las denuncias por violencia institucional registradas mostraron un crecimiento sostenido y significativo, cuadruplicando la cantidad de casos en el periodo analizado (gráfico 1). En términos de perfil sociodemográfico, las personas afectadas fueron mayoritariamente varones —aunque se observa un leve aumento de la participación femenina en los últimos años— y la edad promedio se mantuvo estable en torno a los 33 y 34 años. Más de la mitad de los casos registrados entre 2023 y 2025 ocurrieron en el marco de detenciones vinculadas a supuestos hechos de atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad.
Al analizar la distribución porcentual de los tipos de violencia entre 2021 y 2025 (gráfico 2), se observa que la violencia física aumenta progresivamente desde 58,7% en 2021 hasta alcanzar un máximo de 67,0% en 2024 siendo la principal causa de denuncia durante todo el período analizado, seguida por situaciones de violencia psicológica y otras formas de vulneración.
En la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de detectar y dar seguimiento a esta clase de investigaciones penales, el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires (MPBA) lleva adelante el Registro de Violencia Institucional (RVI). El análisis de las denuncias registradas entre 2019 y 2024 muestra una disminución inicial en la cantidad de casos, pasando de 3931 denuncias en 2019 a 2962 en 2022, seguida de una recuperación en los años posteriores, alcanzando 2778 denuncias en 2024 (gráfico 3). Es importante destacar que teniendo más de seis veces la población de CABA, en la Provincia de Buenos Aires se registran prácticamente la misma cantidad de casos para los últimos años de la medición. En relación con los organismos involucrados, la Policía Bonaerense concentra la mayor proporción de denuncias en todo el período, representando aproximadamente el 60% de los casos relevados, seguido por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Finalmente, resulta interesante analizar la información provista por el Ministerio referida al desarrollo judicial de las causas penales iniciadas por violencia institucional, durante el año anterior a la publicación de cada informe (gráfico 4). Los datos evidencian que la proporción de causas que alcanzan la instancia de elevación a juicio es considerablemente baja durante todo el período analizado -aproximadamente el 2% anual.
Incluso al analizar únicamente las causas que obtuvieron una resolución procesal (excluyendo aquellas que figuran en trámite), se archivaron entre el 62% y el 70% de los casos, consolidándose como la principal forma de cierre de las investigaciones y menos del 5% culminó en elevación a juicio.
En este contexto, la reducida cantidad de expedientes que avanzan efectivamente hacia juicio refleja las dificultades existentes para lograr el impulso y la resolución judicial de este tipo de investigaciones. Este escenario pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación, seguimiento y resolución judicial de los hechos denunciados, con el objetivo de mejorar la eficacia institucional y garantizar respuestas adecuadas frente a situaciones de violencia institucional.